Por: Redacción Noticias Mérida El Acuerdo SABGY 04/2026 faculta a los contralores internos de la Secretaría Anticorrupción para desplegar operativos encubiertos, solicitar embargos precautorios y citar a funcionarios. La medida busca frenar el diezmo y las irregularidades en licitaciones, pero enciende alertas por el margen de discrecionalidad.

MÉRIDA, YUCATÁN (28 de julio de 2026).– El combate a la corrupción en la administración pública estatal dejará de depender únicamente de auditorías de escritorio o revisiones de papel. Con la emisión del Acuerdo SABGY 04/2026 por parte del Secretario Anticorrupción y Buen Gobierno, Oscar Adán Valencia Domínguez, el Gobierno de Yucatán autorizó un giro táctico sin precedentes: la facultad para ejecutar operaciones encubiertas e inspecciones con “usuarios simulados” en las dependencias estatales.

Publicado en el Diario Oficial, el acuerdo delega un paquete de 14 atribuciones clave a las y los contralores internos adscritos a la Dirección de Denuncias e Investigaciones. La decisión dota a los auditores de herramientas punitivas para infiltrarse en ventanillas de trámites, licitaciones y áreas operativas de la burocracia local con el fin de detectar en flagrancia el cobro de “diezmos”, la extorsión a proveedores o la simulación de servicios.

La trastienda de la norma: Infiltración, embargos y citatorios obligatorios

Hasta ahora, la investigación de faltas administrativas graves en el estado se limitaba a la revisión documental posterior al ejercicio del gasto (ex post). Con el nuevo marco legal, los contralores pasan a actuar como autoridades investigadoras con capacidad operativa de campo.

De acuerdo con el texto oficial, las facultades técnicas más severas incluyen:

• Infiltración y “Usuario Simulado” (Fracción IX): Se faculta formalmente la práctica de técnicas de acciones encubiertas y programas de usuarios simulados. Los contralores, en coordinación con áreas especializadas, podrán personificarse como ciudadanos o proveedores para documentar en tiempo real la solicitud de sobornos o direccionamiento de contratos.
• Medidas cautelares y embargos (Fracción XI): Los investigadores podrán solicitar la suspensión temporal del servidor público bajo sospecha, así como el embargo precautorio de bienes o la inmovilización de cuentas vinculadas a irregularidades financieras.
• Uso de la fuerza pública y medidas de apremio (Fracción X): Ante la negativa de funcionarios o particulares para entregar información contable o comparecer, la autoridad podrá aplicar las medidas de apremio previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas.
• Requerimiento universal (Fracción II y V): La facultad de citar obligatoriamente a cualquier servidor público e instruir la entrega de documentación técnica a entes públicos o empresas privadas sin pasar por los titulares de las dependencias.

Análisis Político-Económico: Eficiencia punitiva frente al riesgo de espionaje burocrático

La legalización de tácticas encubiertas dentro del aparato de gobierno marca un hito en la fiscalización de los recursos públicos en Yucatán, planteando un debate directo entre el rigor fiscal y el clima de certidumbre institucional:

1. Golpe a la extorsión en licitaciones y ventanillas únicas

Desde la perspectiva económica, el “usuario simulado” ataca directamente el costo oculto de la corrupción que asfixia a proveedores del Estado y pequeños empresarios. Licitaciones dirigidas, cobro de porcentajes por agilizar pagos de facturas o tramitología condicionada suelen ser invisibles en las auditorías contables tradicionales. El despliegue encubierto eleva el riesgo para los funcionarios corruptos, reduciendo los incentivos para la extorsión e incrementando la transparencia para la inversión privada.

2. Agilización de la prueba ante los tribunales

En el plano jurídico, la recabar información, documentos u objetos mediante operativos en tiempo real fortalece la integración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA). Esto evita que los expedientes se caigan por falta de pruebas en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAEY), garantizando la inhabilitación o sanción económica efectiva de los involucrados.

3. La delgada línea de la discrecionalidad y el control político

El aspecto más sensible de la medida radica en el uso político que se le pueda dar al espionage o infiltración administrativa. Al no requerirse una autorización judicial previa para ejecutar una acción encubierta dentro de la burocracia, la figura del contralor encubierto podría transformarse en un mecanismo de presión interna contra mandos medios, líderes sindicales o funcionarios incómodos a la línea del Ejecutivo. La certidumbre jurídica del procedimiento dependerá de la supervisión jerárquica y el estricto apego al debido proceso.

Vigencia y alcance

El acuerdo mantendrá su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, cubriendo la totalidad del sexenio. Aunque el Secretario conserva la atribución de ejercer estas facultades directamente en cualquier momento (Artículo 2), la descentralización táctica hacia los contralores internos marca el inicio de una etapa de vigilancia activa que promete reconfigurar la relación entre la burocracia estatal y los proveedores del Gobierno de Yucatán.