Por: Redacción Noticias Mérida El Ejecutivo estatal promulga el Decreto 215/2026. La reforma constitucional no solo tope el presupuesto del Congreso y elimina privilegios salariales en los órganos autónomos, sino que reconfigura la estructura de los 106 ayuntamientos.

MÉRIDA, YUCATÁN (28 de julio de 2026).– Con la promulgación del Decreto 215/2026 en el Diario Oficial del Estado, la administración del gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena ha concretado la reforma constitucional de mayor calado en materia de austeridad y reestructuración política en lo que va de su sexenio. La medida, aprobada por el Congreso local y firmada por el Ejecutivo, homologa la Carta Magna yucateca con los postulados de la “austeridad republicana” federal, impactando directamente tres frentes clave: la integración de los ayuntamientos, el gasto del Poder Legislativo y los ingresos de la alta burocracia, incluyendo a los organismos autónomos.

La reforma —que modifica los artículos 25, 76, 77 y adiciona el 104 Bis a la Constitución Política del Estado de Yucatán— no representa un mero ajuste contable, sino un rediseño de las reglas del juego para la fiscalización, la contención del gasto público y el ejercicio del poder municipal.

1. Tijeretazo a los Cabildos: Menos regidores y el candado a la Sindicatura

El cambio con mayor impacto socio-político se ubica en el ámbito municipal (artículos 76 y 77). La reforma establece un límite máximo de hasta 15 regidurías para la integración de los ayuntamientos, eliminando estructuras sobredimensionadas en municipios con alta carga burocrática.

Asimismo, la modificación constitucional norma de origen la estructura ejecutiva del municipio:

• El primer lugar de la planilla ganadora asume la Presidencia Municipal como órgano ejecutivo y político.
• El segundo lugar se asigna de manera obligatoria a la Sindicatura.

Este ajuste busca evitar negociaciones post-electorales u opacidad en la asignación del control financiero y patrimonial de los municipios, imponiendo además criterios estrictos de paridad de género (horizontal y vertical) e igualdad sustantiva. Al reducir el tope de regidores de representación proporcional y mayoría, la reforma aprieta la estructura presupuestal de los 106 municipios, obligándolos a destinar menos recursos a dietas y nóminas de regidores y más a gasto de capital y servicios públicos.

2. Candidado de hierro al Congreso: Tope al 0.70% del presupuesto estatal

En el ámbito legislativo, la modificación al Artículo 25 le quita al Congreso del Estado la facultad implícita de autoincrementar su presupuesto de manera discrecional.

A partir de ahora, el presupuesto anual del Poder Legislativo no podrá rebasar el 0.70% del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado. Cualquier incremento futuro estará estrictamente topado por el índice inflacionario determinado por el INEGI.

El impacto de este candado presupuestal es directo para el ejercicio 2027:

• El Artículo Tercero Transitorio establece que el Congreso deberá tomar como techo el presupuesto aprobado en 2026 para proyectar su gasto del próximo año.
• Se precisa que dentro de este porcentaje del 0.70% queda comprendida la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), lo que obligará al órgano fiscalizador y a la Cámara de Diputados a apretar sus márgenes operativos y reducir gastos superfluos.

3. Cero privilegios: El golpe a los Órganos Autónomos (IEPAC y TEEY)

El punto de mayor tensión política radica en la adición del Artículo 104 Bis, el cual traslada a la norma local el principio federal de que ningún servidor público estatal o municipal podrá ganar más que la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.

El texto constitucional apunta directamente hacia las cúpulas de la burocracia dorada y los órganos electorales:

• Tope salarial estricto: Ningún magistrado, consejero o funcionario de los poderes públicos, municipios u organismos autónomos podrá percibir remuneraciones superiores al tope constitucional federal.
• Prohibición de prestaciones extraordinarias: Queda expresamente prohibido que las y los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEEY) o cualquier funcionario contraten con recursos públicos:
• Seguros de gastos médicos mayores o de vida privados.
• Seguros de separación individualizados.
• Cajas de ahorro especiales o regímenes de retiro VIP.

Análisis político: Control de la narrativa y presión a la oposición

La promulgación del Decreto 215/2026 le permite al “Renacimiento Maya” asumir la bandera de la disciplina financiera frente a la ciudadanía. Al obligar a los poderes públicos, municipios y entes autónomos a realizar ajustes salariales e institucionales inmediatos (Artículo Segundo Transitorio), el Ejecutivo estatal traslada la presión política a los ayuntamientos opositores y a las estructuras burocráticas heredadas.

Para la opinión pública, el mensaje es de alineación total con las directrices del Palacio Nacional. Para la clase política local, el decreto significa el fin de los esquemas tradicionales de compensaciones en el Congreso y los tribunales, obligando a una reestructuración de fondo en la administración de las finanzas públicas en Yucatán de cara al presupuesto 2027.