El Poder Judicial del Estado de Yucatán informó que este martes se llevó a cabo la audiencia inicial correspondiente a la carpeta 690/2025, en el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, donde la Fiscalía General del Estado formuló imputación contra Glays N. por su probable participación en los delitos de homicidio cometido por culpa y abandono de personas, denunciados por Monika N., en agravio de su hermano Angello N. Los hechos están relacionados con un incidente de tránsito ocurrido el 2 de noviembre, alrededor de las 20:00 horas, en la colonia Salvador Alvarado Sur de Mérida.
Previo al inicio de la audiencia, la imputada presentó una justificación médica señalando padecer influenza. En atención a sus atribuciones, la jueza solicitó la presentación de una prueba química que acreditara dicha condición. Sin embargo, al no existir evidencia clínica inmediata que demostrara incapacidad y al considerar que había condiciones para proceder, la autoridad determinó continuar con la diligencia, la cual finalmente se realizó mediante medios electrónicos.
Tras analizar la necesidad de imponer medidas de control, y al tratarse de un delito de carácter culposo o imprudencial, la jueza ordenó diversas medidas cautelares con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entre ellas, la obligación de presentación periódica ante el Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares durante los primeros días de cada mes; la prohibición de salir del estado, para lo cual la imputada entregó su pasaporte y visa; su sometimiento al cuidado y vigilancia del Centro Estatal, y la colocación de un localizador electrónico, que será instalado cuando el dispositivo esté disponible. La autoridad judicial señaló que la audiencia inicial continuará el 28 de noviembre, fecha en la que se determinará la situación jurídica de la acusada.
El Poder Judicial del Estado reiteró su compromiso con la imparcialidad, transparencia y profesionalismo en la impartición de justicia, subrayando que todas las resoluciones emitidas se fundamentan en la ley y se realizan con pleno respeto a los derechos de las personas involucradas, reforzando así la confianza en las instituciones judiciales de Yucatán.