El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores expresó su respaldo institucional a la abogada electoral, constitucionalista, analista política y columnista Mónica Calles Miramontes, luego de que fuera notificada sobre una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) y la imposición de medidas cautelares en su contra.
De acuerdo con lo expuesto públicamente por Calles Miramontes, el caso estaría relacionado con las denuncias que realizó sobre presuntos abusos y violaciones a derechos humanos de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), en el contexto de las renuncias y despidos masivos registrados dentro del organismo.
El Foro señaló que el pasado 20 de agosto, la abogada acudió a una diligencia en instalaciones del INE, donde cuestionó la actuación de funcionarios y solicitó que acreditaran su identidad, facultades legales y el procedimiento en el que sustentaban sus acciones.
Según su propio relato, la diligencia se extendió por alrededor de 10 horas. Ante lo que consideró posibles irregularidades, documentó mediante videos lo ocurrido y posteriormente difundió el material en redes sociales.
Posteriormente, el 31 de agosto, fue notificada de la existencia de una carpeta de investigación ante la FGR.
Ante esta situación, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores manifestó que no pretende prejuzgar sobre la investigación ni cuestionar las facultades legales de las autoridades para investigar posibles delitos. Sin embargo, advirtió que cualquier actuación debe desarrollarse con estricto apego a la Constitución, el debido proceso y la presunción de inocencia.
La organización periodística consideró particularmente relevante la coincidencia temporal entre las denuncias públicas realizadas por Calles Miramontes y las actuaciones de carácter penal emprendidas posteriormente.
Aunque reconoció que esta coincidencia no permite establecer por sí misma una relación causal ni atribuir intenciones a las autoridades, sostuvo que el caso debe ser esclarecido para evitar que pueda generarse un efecto inhibidor sobre el derecho a denunciar, cuestionar a las instituciones y ejercer la libertad de expresión.
El Foro enfatizó que, en una democracia constitucional, ninguna institución pública debe quedar fuera del escrutinio ciudadano, por lo que las autoridades deben estar preparadas para responder a las críticas y señalamientos dentro del marco de la ley.
Asimismo, alertó que cualquier actuación estatal que pueda ser interpretada como consecuencia de una denuncia o crítica pública podría provocar que otras personas opten por guardar silencio ante posibles abusos por temor a enfrentar consecuencias legales.
La organización destacó que esta preocupación cobra mayor importancia ante la proximidad del proceso electoral federal 2026-2027, debido al papel central que desempeña el INE en la vida democrática del país.
Por ello, hizo un llamado tanto al INE como a la FGR para garantizar los derechos de Mónica Calles Miramontes, así como el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad de expresión.
El Foro también pidió que cualquier actuación de las autoridades esté debidamente fundada y motivada, sea proporcional y no se convierta, de manera directa o indirecta, en un mecanismo de intimidación por las opiniones, análisis, señalamientos o ejercicio profesional de la abogada.
Finalmente, la organización sostuvo que su respaldo no busca otorgar privilegios ni interferir con las investigaciones, sino exigir que la ley se aplique respetando plenamente la Constitución.
“La crítica no es un delito. Denunciar posibles abusos no debe ser motivo de intimidación. Defender derechos no puede convertirse en razón para silenciar una voz”, manifestó el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores.