Un lunes para mirar lo que está pasando en México
Marco Antonio Cortez Navarrete
Lo que escuché esta mañana en la radio merece algo más que una reflexión sobre el uso excesivo de las redes sociales. Una psicóloga reconoció públicamente haber vivido una dependencia que terminó restándole atención a su familia y a su entorno inmediato. Su confesión resulta significativa porque demuestra que el problema no distingue profesiones ni niveles educativos: las tecnologías que fueron creadas para acercarnos pueden terminar alejándonos de quienes tenemos enfrente.
Y casi de inmediato apareció el segundo capítulo de esta historia: la presidenta de México anunció diálogo con el magisterio de educación básica para avanzar en la propuesta de impedir el ingreso o uso de teléfonos celulares en las escuelas, con la intención de reducir distracciones, combatir determinados usos nocivos de las tecnologías y posteriormente llevar el tema al terreno legislativo. La pregunta inevitable es si estamos frente a una política educativa necesaria o ante otro intento de resolver mediante prohibiciones un problema que tiene raíces mucho más profundas.
Porque el celular no llegó solo al salón de clases. Llegó acompañado de una cultura digital construida también desde casa. Resultaría contradictorio pedirle al niño que se desprenda de su teléfono durante unas horas mientras observa que sus padres permanecen permanentemente conectados. La educación tecnológica no puede comenzar y terminar en la puerta de la escuela: comienza en la familia, continúa en el aula y debe involucrar a toda la sociedad.
Pero aquí aparece una segunda preocupación, quizá todavía más delicada. Mientras se habla de limitar el uso de determinadas tecnologías por sus efectos sobre niños y adolescentes, el Gobierno también enfrenta una discusión sobre la información que circula en redes y medios de comunicación. Las declaraciones recientes de la consejera jurídica de la Presidencia, al presentar una polémica relación de medios cuyos mensajes —según su explicación— serían utilizados por granjas de robots para atacar al gobierno, abren un debate distinto: ¿dónde termina la defensa contra la manipulación digital y dónde comienza el riesgo de señalar o estigmatizar a medios de comunicación?
No es un asunto menor. Una sociedad democrática necesita combatir la desinformación, los ejércitos de cuentas falsas y las campañas artificiales de manipulación. Pero también necesita garantizar que la lucha contra esos fenómenos no termine convirtiéndose en una herramienta para desacreditar voces críticas. El poder político siempre debe recordar que la frontera entre combatir la mentira y pretender controlar la narrativa puede ser extremadamente delgada.
Hay, además, una paradoja que México debería discutir con seriedad: queremos que nuestros niños aprendan a utilizar responsablemente las tecnologías, pero al mismo tiempo enfrentamos una batalla política por el contenido que circula precisamente a través de ellas. Prohibir un teléfono puede ser relativamente sencillo; educar para distinguir entre información, propaganda, opinión, manipulación y mentira es infinitamente más complejo.
Por eso el problema no es únicamente el celular. Tampoco son únicamente las redes sociales ni los medios de comunicación. El verdadero desafío es formar ciudadanos capaces de utilizar la tecnología sin convertirse en sus dependientes, y capaces de recibir información sin convertirse en consumidores pasivos de cualquier narrativa. Para ello hacen falta padres presentes, maestros preparados, medios responsables, plataformas transparentes y gobiernos que entiendan que informar no significa controlar.
México está entrando, quizá sin advertirlo plenamente, en una nueva discusión sobre el poder de la tecnología. El teléfono puede distraer a un niño, aislar a un adulto, fragmentar una familia, manipular una conversación pública o convertirse en una herramienta extraordinaria para aprender y comunicarse. La diferencia no está solamente en el aparato: está en la educación, en la responsabilidad y, sobre todo, en la libertad con la que una sociedad decide utilizarlo. Ese es el verdadero debate de este lunes.