El Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE) fijó una postura firme y crítica frente al incremento propuesto al Impuesto sobre la Nómina, una medida que —aseguran— afectará directamente al empleo formal y debilitará la competitividad del estado. El organismo denunció falta de diálogo, impactos desproporcionados y un riesgo real para miles de familias que dependen del trabajo formal.
Un impuesto que grava el empleo, no las utilidades
De acuerdo con el CCE, el impuesto sobre la nómina es, en términos prácticos, “un impuesto sobre el empleo”, ya que no grava las utilidades empresariales, sino cada salario pagado. En consecuencia, un incremento de esta contribución representa un golpe directo a la contratación y al sostenimiento de plazas laborales formales.
El sector señaló que el proceso fue apresurado y sin consulta: la propuesta se dio a conocer apenas horas antes de que el paquete fiscal fuera entregado al Congreso del Estado, sin mesas técnicas, sin análisis conjunto y sin la participación del Consejo Consultivo del Presupuesto, órgano creado precisamente para discutir este tipo de decisiones.
El impacto desproporcionado: 4% de empresas generan 66% del empleo formal
El empresariado subrayó que el incremento no afecta a todas las unidades económicas por igual.
Las empresas medianas y grandes —solo el 4% del padrón estatal— generan el 66% del empleo formal en Yucatán. Para el CCE, ese porcentaje no representa a quienes “más pueden pagar”, sino al motor económico que sostiene dos terceras partes de los trabajos formales del estado.
“Si ese motor se frena, se frena Yucatán”, advirtieron.
Cifras que preocupan: el costo crecería más de 400 millones al año
Actualmente, con aproximadamente 440 mil empleos formales, las empresas pagan cerca de 3.7 millones de pesos diarios por este gravamen, equivalentes a 1,343 millones al año, considerando únicamente salarios mínimos.
Con el aumento al salario mínimo proyectado para 2026 y la tasa propuesta de 3.75%, el pago subiría a casi 4.8 millones diarios, es decir, 1,753 millones al año. Esto significa más de 1.1 millones adicionales cada día y alrededor de 409 millones extra al año.
El sector empresarial enfatizó que esta estimación es conservadora, ya que la mayoría de los empleos formales tienen salarios por encima del mínimo, lo que incrementaría aún más la carga real.
Yucatán depende del empleo formal para sostener sus finanzas
El CCE recordó que el impuesto sobre la nómina representa el 72% de la recaudación local propia: tan solo en 2025, el Estado proyectó 4,858 millones de pesos por este concepto.
Detrás de cada peso —subrayan— hay empresas sosteniendo empleos, proyectos de inversión y miles de familias que dependen de un ingreso seguro.
Incrementar este impuesto, señalaron, “encarece el empleo formal, debilita la competitividad y presiona directamente la capacidad de crecimiento del estado”.
Aumento al impuesto podría frenar aumentos salariales y provocar ajustes
El empresariado alertó que un mayor costo del empleo formal podría traducirse en recortes de personal, menor margen para incrementar salarios y limitaciones para mejorar prestaciones.
Esto, sumado a un contexto global de menor inversión y mayor incertidumbre, sería una decisión “regresiva” que afectaría la capacidad de Yucatán para atraer nuevos proyectos.
“La justicia social no se construye encareciendo el empleo formal”, afirmaron.
“No es un debate ideológico”: CCE pide análisis técnico y diálogo real
El organismo enfatizó que esta preocupación no es política ni ideológica, sino un análisis basado en productividad, costos laborales y competitividad regional.
Afirmó que los estados que lideran en crecimiento no encarecen la formalidad, sino que la fortalecen.
También rechazó la idea de que “el 96% de las empresas no serían afectadas”, porque el impacto debe medirse en empleos, no en número de unidades económicas.
Empresariado pide al Gobierno del Estado reconsiderar el incremento
El CCE hizo un llamado directo al Gobierno del Estado para abrir un diálogo con sustento técnico y alternativas de financiamiento más justas y sostenibles.
Reiteró que el sector empresarial es aliado del desarrollo social y está dispuesto a contribuir, pero no aceptará que la carga fiscal recaiga sobre el empleo formal sin un análisis profundo.
Diputados deben analizar con rigor su voto
La postura también se dirigió al Congreso del Estado, a quienes pidieron no aprobar el incremento sin considerar el impacto que tendría en el empleo, la competitividad y el desarrollo económico de Yucatán.
“El sector empresarial está listo para dialogar, construir y aportar. Lo que pedimos es sencillo: decisiones responsables que protejan el empleo formal y garanticen un desarrollo sostenible para Yucatán”, concluye el documento.