Corrupción, ineptitud y nepotismo en los mandos policíacos de Morena

En Campeche, una nueva oleada de manifestaciones ha sacudido las calles, exigiendo la destitución de Marcela Muñoz Martínez, comadre, íntima, cómplice de la gobernadora morenista Layda Sansores Sanromán, como Secretaria de Seguridad Pública (SSP). Estas protestas se dan en el contexto de una huelga sostenida por la Policía Estatal desde hace más de una semana.

La magna concentración dominical, que según estimaciones reunió a más de ocho mil personas, comenzó alrededor de las 17:00 horas en el monumento al asta bandera del malecón de la ciudad, para luego desplazarse hacia la Plaza de la República, un lugar simbólico por su asociación con el inicio de la resistencia civil liderada por Layda Sansores, cuando era del PRD, en 1997.

Entre los manifestantes, que incluían familiares de policías y ciudadanos solidarios, se escucharon consignas como “fuera Marcela” y “somos pueblo, no partido“, exigiendo la renuncia de Muñoz Martínez, así como calificativos como “traidora” hacia la gobernadora Layda Sansores, mientras clamaban: “El pueblo pone y el pueblo quita“. Se subrayó que la destitución de la secretaria de Seguridad Pública es una demanda de justicia y no un capricho, como ha sugerido la mandataria.

Durante la marcha, se entonaron el Himno Nacional y el himno campechano, mientras se señalaba que las fuerzas públicas de seguridad campechanas han sido permeadas por corrupción, ineptitud y nepotismo.

Las protestas en Campeche tienen su origen en un violento motín en el penal de Kobén, que dejó más de 30 agentes heridos. La crisis se profundizó cuando, a pesar de las demandas de destitución de los policías afectados, la gobernadora ratificó en su cargo a Muñoz Martínez, desencadenando así la huelga policial.

La situación se complicó aún más con las acusaciones de Sansores hacia los partidos de oposición, a los que acusó de financiar las protestas para desestabilizar políticamente la entidad. Además, las amenazas de la gobernadora sobre posibles consecuencias legales para los policías en huelga, incluyendo penas de hasta 12 años de cárcel, han exacerbado el malestar.

El motín en el penal de Kobén puso de manifiesto la vulnerabilidad y los peligros a los que se enfrentan los agentes, especialmente un grupo de mujeres, quienes denunciaron agresiones físicas y sexuales por parte de los reclusos, así como la falta de equipamiento adecuado. La exigencia de renuncia se extendió también al director de la corporación, Antonio Saradán Santiago Solís, por su presunta negligencia en la gestión de la crisis.

En el Senado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), liderado por Cecilia Sánchez García, ha anunciado que su bancada solicitará un proceso de desaparición de poderes en Campeche, argumentando un estado de ingobernabilidad bajo la administración de Layda Sansores. La senadora ha rechazado las acusaciones de financiamiento por parte de la oposición y ha criticado a la gobernadora por tratar de desviar la atención de sus fallos de gestión.

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