El sector empresarial advierte que, aunque la Cámara de Diputados redujo el aumento propuesto al Derecho de No Residente (DNR), la cuota seguirá encareciendo el destino y arriesgando la competitividad de México.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán manifestó un rechazo tajante al incremento del Derecho de No Residente (DNR) propuesto en la Ley Federal de Derechos para 2027, y emitió un llamado urgente al Senado de la República para revertir la medida antes de su aprobación definitiva.
Aunque la Cámara de Diputados suavizó la propuesta original —al ajustar la alza de un 35.8% a un 17.8%—, el organismo empresarial advirtió que la modificación es insuficiente. Con este ajuste, el cobro a visitantes internacionales pasará de $983 a $1,158 pesos, lo que representa un sobrecosto directo para los turistas extranjeros.
Riesgo para la competitividad turística
A través de un comunicado de prensa, la cúpula empresarial yucateca señaló que el incremento debilita la posición de México frente a otros destinos globales que compiten por los mismos mercados.
“Cualquier medida que incremente el costo de visitar el país debe analizarse con responsabilidad, considerando no solo el ingreso recaudatorio esperado, sino también sus posibles consecuencias sobre la demanda y la generación de actividad económica”, enfatizó el CCE Yucatán.
El organismo advirtió que la afectación no se limitará a la gran infraestructura hotelera o a los resorts, sino que generará un “efecto dominó” en toda la cadena de valor turística:
Prestadores de servicios: Restaurantes, agencias de viajes, operadores y comercios locales.
Sector transporte: Transportsistas y servicios de movilidad.
Comunidades locales: Familias e ingresos regionales que dependen directamente del flujo turístico.
Recaudación vs. desarrollo económico
El CCE Yucatán reconoció la urgencia del Gobierno federal por fortalecer las finanzas públicas y alcanzar sus metas de recaudación fiscal para el próximo ejercicio. Sin embargo, sostuvo que este tipo de medidas resultan contraproducentes si no cuentan con un estudio técnico, integral y transparente que demuestre que la recaudación obtenida superará las pérdidas en empleo, inversión y consumo.
El gremio concluyó su exhorto pidiendo a la Cámara Alta evaluar de manera rigurosa los efectos macroeconómicos del cobro antes de dictaminar la Ley Federal de Derechos, evitando tomar decisiones que encarezcan la oferta turística nacional en un entorno internacional altamente competitivo.