La indignación crece en el Polígono San Pedro Noh Pat, donde vecinos acusan directamente al alcalde de Kanasín, Edwin Bojórquez Ramírez, de permitir, proteger y solapar la operación de un bar clandestino y un tiradero ilegal de basura y escombro, pese a las múltiples denuncias ciudadanas realizadas en los últimos meses.
La denuncia fue enviada a esta redacción por un usuario de redes sociales, quien señala que la problemática no solo persiste, sino que se ha agravado ante la omisión deliberada de las autoridades municipales, lo que ha generado un clima de impunidad, inseguridad y deterioro ambiental.
El predio ubicado en la calle 8 por 29 y 29 A, que originalmente estaba destinado a un convento de monjas y un espacio de convivencia familiar, fue invadido y transformado en un establecimiento que opera como bar clandestino, disfrazado bajo el nombre de una marisquería para evadir la supervisión oficial.
Vecinos aseguran que se vende alcohol de manera ilegal, se permite la concentración de personas bajo los efectos de las drogas y se generen constates altercados, sin que exista intervención de la policía municipal, a pesar de que los hechos son públicos y recurrentes.
De acuerdo con la denuncia realizada a nuestro medio, elementos de la policía de Kanasín, personal de la policía ecológica y personal del Ayuntamiento, tendrían conocimiento pleno de las irregularidades y, aun así, no actúan. Para los habitantes, esta inacción solo puede explicarse por una red de protección política encabezada desde la presidencia municipal. “Es imposible que el alcalde no sepa lo que ocurre. Esto sucede todos los días y a plena luz”.
La situación se agrava con la operación diaria de un tiradero clandestino, donde volquetes descargan toneladas de basura y escombro frente al mismo predio. Vecinos identificaron camiones de color rojo, gris y blanco, que operan sin permiso y temor a sanciones.
Los encargados del tiradero, según los testimonios, presumen ser intocables, y señalan a una persona conocida como “El Flaco” o “Vielmas”, como el responsable de coordinar las descargas ilegales.
Además, se reporta la quema constante de basura, una práctica altamente peligrosa, que libera contaminantes tóxicos y pone en riesgo la salud de niños, adultos mayores y familias enteras.
Para los habitantes del rumbo, lo ocurrido es un reflejo del gobierno municipal rebasado, incapaz de garantizar seguridad , orden y respeto a la ley.