La operación de infraestructura energética y el desarrollo de fraccionamientos sin permisos oficiales en Umán no fue un accidente administrativo, sino el resultado de una cadena de omisiones graves ocurridas durante el gobierno municipal encabezado por Freddy Ruz Guzmán, periodo en el que se autorizaron —o se dejaron avanzar— proyectos de alto impacto sin control, supervisión ni respaldo legal.
Documentación obtenida a través de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Umán confirma que no existe un solo expediente que acredite la legalidad del booster de gas natural operado por Energía Mayakan, ni de la construcción del fraccionamiento Gran Calzada, desarrollado por Grupo Casitas. Tras una revisión exhaustiva de archivos físicos y digitales, la autoridad municipal reconoció la inexistencia de licencias de uso de suelo, permisos de construcción, dictámenes de Protección Civil, autorizaciones de infraestructura urbana o registros ambientales.
La información fue solicitada por el Colectivo X un Yucatán con Energía Segura, que representa a familias que habitan en la zona y que desde hace meses han denunciado el riesgo que implica la operación de una estación de gas natural colindante con viviendas, sin que existan planes de emergencia, estudios de riesgo o protocolos de seguridad avalados por el municipio.
Especialistas en desarrollo urbano y vecinos afectados advierten que este caso no es un hecho aislado, sino un reflejo del modelo de crecimiento que imperó durante la administración de Freddy Ruz Guzmán, caracterizado por la permisividad, la ausencia de controles técnicos y la municipalización de fraccionamientos sin condiciones mínimas de seguridad, servicios ni infraestructura funcional.
Como antecedente, señalan el fraccionamiento Piedra de Agua, municipalizado durante ese mismo periodo y entregado con parques inconclusos, vialidades deficientes y servicios incompletos, situación que obligó a gobiernos municipales posteriores a intervenir para corregir fallas estructurales, subsanar omisiones legales y atender rezagos heredados.
En el caso del fraccionamiento Gran Calzada, la gravedad se incrementa por tratarse de un proyecto vinculado a infraestructura energética. No existe dictamen de riesgos, autorización para operar instalaciones de gas natural, ni evidencia de que se hayan tramitado permisos estatales o federales durante la administración que permitió su avance.
El propio Ayuntamiento de Umán reconoció que no hay constancia documental de gestiones realizadas en ese periodo ante instancias estatales o federales, lo que confirma que las obras se desarrollaron al margen de la legalidad municipal.
Pese a ello, Energía Mayakan continúa operando y Grupo Casitas mantiene la construcción y comercialización de viviendas, mientras las autoridades actuales enfrentan el costo político, administrativo y social de regularizar o corregir proyectos heredados sin sustento jurídico.
Para la comunidad afectada, la situación es consecuencia directa de años de negligencia institucional, que hoy se traducen en riesgos a la seguridad, incertidumbre legal y posibles responsabilidades administrativas y penales. Por ello, exigen que se investigue a fondo cómo y por qué se permitió el avance de estas obras, y que se deslinden responsabilidades de quienes, desde el poder municipal, omitieron su obligación de garantizar un desarrollo urbano seguro y legal en Umán.