Mérida abre proceso para retirar concesión de planta de residuos por presuntos incumplimientos

El Ayuntamiento de Mérida inició formalmente el procedimiento administrativo para la posible revocación de la concesión de una planta de separación de residuos inorgánicos, luego de que el Cabildo aprobara la medida con amplio respaldo de todas las fuerzas políticas.

La decisión responde a presuntos incumplimientos detectados durante 2025 en la operación del servicio concesionado, de acuerdo con los expedientes elaborados por la Secretaría Técnica de Gestión Integral de Residuos Municipales, en los que se documentan posibles faltas a las obligaciones contractuales por parte de la empresa responsable.

Con base en el artículo 105 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el Cabildo autorizó el arranque del proceso legal, el cual se desarrollará bajo un estricto apego al marco jurídico, garantizando el debido proceso, así como el derecho de audiencia de la concesionaria.

Como parte del procedimiento, se conformó una Comisión Especial integrada por regidores de todas las fracciones edilicias, que tendrá la responsabilidad de analizar el caso, sustanciar el expediente y emitir un dictamen que será sometido nuevamente a consideración del Cabildo.

Esta comisión estará integrada por Genny Dianela Palomo Méndez, Gabriela Patricia Santinelli Recio, Asís Francisco Cano Cetina, Juan de Dios Collí Pinto, Angélica Esperanza Mena Magaña, José Diego Carrera Pérez, Julio Adrián Gorocica Rojas, Denisse del Carmen Pérez Rodríguez y Eddie Humberto Maldonado Uh, quienes contarán con respaldo técnico del área municipal competente en materia de residuos.

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada subrayó que este proceso prioriza el interés público y el bienestar de la ciudadanía, por encima de cualquier interés particular, y reiteró que en la capital yucateca el cumplimiento de la ley es un principio innegociable.

El caso se perfila como una prueba clave para el modelo de gestión municipal, en el que la transparencia, la legalidad y la correcta prestación de los servicios públicos son ejes fundamentales.

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