Reconoció la relación de coordinación y respeto entre Yucatán y el Gobierno Federal, así como con los 106 municipios, destacando la colaboración efectiva con el poder judicial y legislativo para implementar cambios significativos, tanto en aspectos presupuestales como en la estructura del presupuesto del poder judicial.
Acompañado por María Carolina Canto Valdés, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, el Gobernador recordó la autonomía lograda por el Poder Judicial, que desde el año pasado ya no presenta su presupuesto al gobierno estatal, sino que lo remite directamente al Poder Legislativo para su revisión y aprobación.
El presidente de la Conatrib, Rafael Guerra Álvarez, elogió el trabajo de Vila Dosal, destacando el Programa de Desarrollo Institucional del TSJ de Yucatán como un referente nacional. Este programa se basa en ejes estratégicos que promueven el desarrollo del Poder Judicial a nivel nacional, enfocándose en la justicia incluyente, igualitaria y de paz, con perspectivas interculturales, de género, de niñez y respeto a los derechos humanos.
Durante la asamblea plenaria, se anunció la tarea de consolidar y revisar la normatividad que afecta la administración de justicia, buscando su adecuación y actualización. Guerra Álvarez resaltó la importancia del capital humano en el poder judicial y anunció la continuación de esfuerzos para cultivar la investigación, la docencia, la difusión de la cultura jurídica y la ética judicial.
Canto Valdés,por su parte, habló de los esfuerzos del TSJ de Yucatán para garantizar el acceso a la justicia, priorizando la igualdad de género y la protección de los derechos humanos en todas las etapas del proceso. También se enfocó en la eliminación de obstáculos sociales y culturales para grupos vulnerables, como personas con discapacidad y comunidades indígenas.
Resaltó los objetivos de la administración para fortalecer la profesionalización de los servidores públicos judiciales, promover la cultura de la integridad, ética y profesionalismo, asegurando la imparcialidad e independencia de la función judicial. Además, se hizo hincapié en la modernización e innovación como elementos cruciales para mejorar el acceso a la justicia mediante nuevas tecnologías y prácticas modernas.
