En un operativo coordinado por fuerzas federales, fue detenido el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, emanado del partido Morena, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y extorsión, así como por posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La detención fue confirmada públicamente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que la acción forma parte de una estrategia nacional para combatir redes de corrupción y crimen organizado infiltradas en gobiernos locales.
De manera simultánea, las autoridades federales arrestaron a tres funcionarios clave del ayuntamiento: el director de Seguridad Pública, el titular de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas. Según las investigaciones preliminares, estos servidores públicos estarían involucrados en una estructura interna dedicada a la extorsión sistemática de empresarios, principalmente del sector tequilero y cervecero, pilares económicos de la región.
De acuerdo con fuentes federales, durante varios meses se desarrollaron labores de inteligencia que permitieron detectar una red de corrupción al interior del gobierno municipal. A través de esta estructura, presuntamente se exigían pagos ilegales a productores y comerciantes, a cambio de protección, permisos y facilidades administrativas. Asimismo, se indagan posibles desvíos de recursos públicos hacia actividades ilícitas.
Las indagatorias señalan que el alcalde habría operado en coordinación con una célula del CJNG, utilizando su investidura para facilitar el control territorial, la operación de negocios irregulares y el encubrimiento de actividades criminales. Esta presunta colaboración habría permitido al grupo delictivo consolidar su presencia en la zona, considerada estratégica por su relevancia económica y turística.
El caso se inscribe dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y forma parte de la denominada “Operación Enjambre”, un mecanismo federal enfocado en desarticular redes delictivas infiltradas en administraciones municipales. A través de este operativo, en meses recientes se ha logrado la detención de otros presidentes municipales y funcionarios en distintas entidades del país.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el destino legal inmediato de los detenidos; sin embargo, se prevé que en las próximas horas sean presentados ante un juez federal para definir su situación jurídica.
Este hecho ha generado una fuerte reacción en la opinión pública y en sectores empresariales de Jalisco, que durante años habían denunciado presiones y cobros ilegales. Analistas consideran que el caso evidencia los riesgos de la colusión entre autoridades locales y grupos criminales, así como la urgencia de fortalecer los mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas en los gobiernos municipales.
Finalmente, el gobierno federal reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones, ampliar las líneas de indagatoria y sancionar a todos los responsables, sin importar su cargo o filiación política, como parte del esfuerzo por recuperar la seguridad y la legalidad en los municipios del país.