Yucatán se posicionó como la entidad con mayor número de puntos de venta de productos pirata en el país, de acuerdo con un estudio presentado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que identificó al estado como el principal foco de comercialización de mercancía apócrifa en México.
El informe titulado “Estudio sobre mercados notorios de piratería en México: Identificación e impacto en las entidades federativas” detectó 148 mercados de piratería distribuidos en 30 estados y 61 municipios del país. De ese total, 29 puntos se encuentran en Yucatán, de los cuales 27 están ubicados en Mérida y dos más en el puerto de Progreso.
Con estas cifras, la entidad supera ampliamente a Tamaulipas, que aparece en segundo lugar nacional con 11 puntos detectados.
El IMPI detalló que gran parte de los establecimientos identificados en Yucatán corresponden a tiendas de productos de origen asiático donde se comercializan artículos falsificados de diversas marcas.
Entre los sitios señalados destaca el Mercado de San Benito, en Mérida, catalogado como uno de los cuatro mercados “muy grandes” del país, debido a que cuenta con más de dos mil locales o espacios comerciales.
La lista de establecimientos detectados incluye negocios como Bazar Chino, Casa China Norte, China Market Yucatán, Family City, Miniso, Mumuso, Shangai Import, Yad May y Zen Li, además de otros comercios ubicados tanto en la capital yucateca como en Progreso.
En estos puntos, según el estudio, se comercializan artículos como ropa, calzado, cosméticos, joyería, videojuegos, accesorios electrónicos, peluches y diversos productos de consumo, con una presencia superior al 50 por ciento de mercancía apócrifa.
El organismo federal advirtió que la compra de productos pirata fortalece redes dedicadas a actividades ilícitas y afecta directamente a empresas, diseñadores y marcas que invierten en innovación, propiedad intelectual y desarrollo comercial.
Asimismo, alertó que la piratería no solo representa pérdidas económicas, sino también riesgos para la seguridad pública y la salud de los consumidores, además de afectar la competitividad y el desarrollo económico formal.