Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos volvieron a atacar una presunta lancha del narcotráfico en el Caribe, dejando tres personas muertas en lo que constituye el bombardeo número 44 desde el inicio de estas operaciones en 2025. Con ello, el saldo acumulado asciende a al menos 150 víctimas, según recuentos de la prensa estadounidense, en una campaña militar que avanza sin autorización internacional visible y con escasa rendición de cuentas.
El operativo forma parte de la llamada “Operación Lanza del Sur”, una estrategia con la que Washington ha atacado más de 40 embarcaciones desde septiembre pasado en aguas cercanas a Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y presionar a gobiernos considerados hostiles, entre ellos el de Venezuela.
El Comando Sur de Estados Unidos informó que sus fuerzas ejecutaron “un ataque letal cinético” contra un barco operado por organizaciones catalogadas como terroristas. Según el comunicado, inteligencia militar determinó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas. Los tres ocupantes —descritos como “narcoterroristas”— murieron en el acto, mientras que ninguna fuerza estadounidense resultó herida.
Este bombardeo se suma a otro ocurrido días antes en el Pacífico, también con tres muertos, así como a una operación simultánea la semana pasada en la que fueron destruidas tres lanchas —dos en el Pacífico y una en el Caribe— con un saldo de 11 fallecidos, el mayor golpe coordinado desde el inicio de la campaña.
Una estrategia militar sin guerra formal
Aunque Washington insiste en que se trata de acciones legítimas dentro de un “conflicto armado” contra cárteles y organizaciones terroristas vinculadas al narcotráfico en América Latina, la narrativa oficial no ha logrado disipar las dudas jurídicas ni políticas.
Organizaciones civiles, legisladores demócratas e incluso algunos republicanos han calificado los ataques como potencialmente ilegales, al realizarse fuera de territorio estadounidense y sin autorización explícita de los países afectados ni mandato de organismos internacionales. En términos prácticos, críticos advierten que se trata de una intervención armada en aguas regionales bajo un concepto de “guerra contra las drogas” reinterpretado como guerra contra el terrorismo.