La inconformidad social en torno al gobierno de Layda Sansores volvió a intensificarse en redes sociales, luego de que se revelara que diversas dependencias estatales han incumplido, durante al menos cuatro años, con la obligación federal de transparentar los resultados de sus auditorías en la Plataforma Nacional de Transparencia.
De acuerdo con información publicada por El Universal, una revisión realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó que múltiples áreas del gobierno campechano, incluyendo instancias clave como la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, prácticamente no han difundido informes de auditoría desde 2021, a pesar de tratarse de un requisito legal.
El hallazgo detonó una oleada de reacciones ciudadanas en plataformas digitales, donde miles de usuarios expresaron molestia, desconfianza y hartazgo ante lo que consideran una falta sistemática de rendición de cuentas.
Redes sociales, epicentro del descontento
Tras darse a conocer la omisión, las redes sociales se convirtieron en el principal espacio de protesta. Entre comentarios irónicos, burlas y críticas directas, los usuarios cuestionaron el manejo de la información pública y el ejercicio del poder en Campeche.
Algunas expresiones aluden a una supuesta normalización de la opacidad: “La van a resguardar por cinco años como seguridad nacional”, escribió un internauta, mientras otro cuestionó: “¿De qué sirve una plataforma de transparencia si el gobierno la puede bloquear?”.
Otros mensajes ironizaron sobre el poder político: “Eso sí es tener poder y no chingaderadas”, en referencia a lo que consideran un uso discrecional de las instituciones.
De la burla al hartazgo social
Con el paso de las horas, el tono de los comentarios fue escalando hacia una crítica más severa. Varios usuarios calificaron a la administración estatal como “una vergüenza”, cuestionaron la legitimidad de sus autoridades y señalaron que “no pasa una semana sin que salga a la luz algún abuso o irregularidad”.
La narrativa oficial que presume un cambio en las prácticas políticas también fue puesta en duda. Para muchos ciudadanos, las viejas formas de gobernar no solo persisten, sino que se han vuelto “más cínicas y autoritarias”.
“¿Pos no que eran diferentes?”, “esa es la transparencia de la Cuarta Transformación” y “no les creo nada”, son algunas de las frases que reflejan el nivel de desgaste en la relación entre gobierno y sociedad.
Sospechas de protección política
Otra línea recurrente en los comentarios apunta a una presunta protección desde las altas esferas del poder. Algunos usuarios sugieren que la falta de sanciones responde a acuerdos políticos, aludiendo al respaldo presidencial.
Frases como “con el visto bueno de arriba” o “no hay negocios sin permiso del poder central” evidencian una percepción extendida de impunidad y complicidad institucional.
Este sentimiento de desconfianza refuerza la idea, entre amplios sectores ciudadanos, de que los mecanismos de control y vigilancia no están funcionando de manera efectiva.
Exigen respuestas públicas
Ante la ausencia de explicaciones oficiales, varios usuarios han pedido que el tema sea abordado directamente por la gobernadora en espacios públicos, particularmente en su programa semanal conocido como el “Martes del Jaguar”.
“Hable de esto en su famoso martes”, escribió un internauta, mientras otros sugieren que la información podría estar siendo ocultada mediante prácticas administrativas, como el resguardo o cambio de nombres en archivos oficiales.
Asimismo, algunos advierten que la acumulación de irregularidades podría tener consecuencias legales en el futuro, y que el desgaste político de la actual administración es cada vez más evidente.