Coatzacoalcos, Veracruz.– El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. emitió un pronunciamiento enérgico para condenar la detención y vinculación a proceso del periodista Rafael León Segovia, conocido públicamente como “Lafita León”, ocurrida el pasado 30 de diciembre de 2025 en la ciudad de Coatzacoalcos, al considerar que se trata de un caso grave de criminalización del ejercicio periodístico mediante el uso del sistema penal.
En el documento, dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; y al Poder Judicial del Estado de Veracruz, la organización expresa su profunda preocupación por el uso de figuras penales de extrema gravedad contra un comunicador cuya trayectoria ha estado ligada durante años a la cobertura de nota roja y temas de seguridad en el sur de Veracruz, una de las regiones más violentas del país.
El Foro calificó como alarmante que, aun cuando se retiró de último momento el delito de terrorismo, se mantenga un proceso penal sin que hasta ahora se haya informado de manera pública y clara cuál es la prueba concreta que sustenta las acusaciones contra el periodista. Esta falta de información, advirtió, vulnera principios básicos como la presunción de inocencia, la legalidad y la certeza jurídica, y coloca el caso en un terreno de opacidad incompatible con un Estado democrático de derecho.
De acuerdo con diversos testimonios recogidos por el organismo, la imputación estaría directamente relacionada con la labor informativa de Rafael León Segovia, particularmente con la recepción de avisos, mensajes y reportes ciudadanos sobre hechos violentos, una práctica habitual y legítima en el ejercicio periodístico. El Foro subrayó que el número telefónico del comunicador es público y accesible, por lo que criminalizar ese contacto implica sentar un precedente peligroso para toda la prensa.
La organización también alertó que la vinculación a proceso y la medida cautelar de resguardo domiciliario impuesta al periodista representan una restricción desproporcionada a su libertad personal, además de inhibir de facto la continuidad de su trabajo informativo, enviando un mensaje intimidatorio al gremio periodístico en su conjunto.
Uno de los puntos más delicados del caso, señaló el Foro, es que se criminaliza el vínculo entre periodistas y sus fuentes, desconociendo que la protección de las fuentes informativas es un derecho fundamental reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Penalizar estas prácticas, advirtió, constituye una forma indirecta de censura.
Asimismo, el pronunciamiento advierte la existencia de un patrón previo de hostigamiento contra Rafael León Segovia, consistente en la apertura reiterada de carpetas de investigación de las que ha sido absuelto en el pasado por falta de sustento legal, así como denuncias públicas sobre presuntas irregularidades durante su detención. Estos antecedentes, señala el Foro, refuerzan la hipótesis de una persecución sistemática.
“El impacto de casos como este trasciende a la persona del periodista”, subrayó la organización, al advertir que generan un efecto inhibidor, fomentan la autocensura y ponen en riesgo el derecho de la sociedad a estar informada, especialmente en regiones donde ejercer el periodismo ya implica un alto nivel de riesgo.
Ante este escenario, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. exigió al Poder Judicial del Estado de Veracruz garantizar un control estricto de la legalidad de la detención, la imputación y las medidas cautelares, así como cesar cualquier práctica que contribuya a la criminalización del periodismo y resolver el caso con apego a la ley, los derechos humanos y los estándares de libertad de expresión.
A la Fiscalía General de la República, a través de la FEADLE, solicitó ejercer la facultad de atracción del caso, investigar si existe represalia por la labor informativa del periodista y garantizar que no se utilicen tipos penales graves como mecanismos de censura o intimidación.
Finalmente, llamó a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento institucional al caso y a reafirmar el compromiso del Estado mexicano con la protección de un periodismo libre, crítico y sin represalias.
“El Foro reitera que informar no es un delito y que utilizar el aparato penal para silenciar voces críticas constituye un abuso de poder incompatible con una democracia”, concluye el documento firmado por Rafael Cano Franco, presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C., quien aseguró que la organización se mantendrá vigilante y activa en la defensa del ejercicio periodístico en México.