Calkiní, Campeche.– La noche de este martes 30 de diciembre, fue detenido en el municipio de Calkiní el ex rector de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), José Antonio “R” y/o J.A.R.H., señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, en un caso que ha generado fuerte impacto en el ámbito académico y político del estado.
La detención fue resultado de una orden judicial solicitada por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM), tras una serie de investigaciones que apuntan al presunto desvío de más de 90 millones de pesos durante la gestión del ex funcionario universitario.
Investigación por presunto desfalco millonario en la UNACAR
De acuerdo con información oficial, las indagatorias realizadas por la FECCECAM revelaron irregularidades en el manejo de recursos públicos, lo que derivó en la integración de una carpeta de investigación por delitos considerados graves dentro del marco legal vigente.
El caso ha llamado la atención debido al monto del presunto daño patrimonial, así como al cargo que ostentó el detenido, al haber encabezado una de las instituciones de educación superior más importantes de Campeche.
Operativo de la AEI y traslado a Ciudad del Carmen
La captura fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes, tras cumplimentar la orden de aprehensión, trasladaron al ex rector a Ciudad del Carmen, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente.
Se informó que este miércoles 31 de diciembre se llevaría a cabo la audiencia inicial ante un Juez de Control, en la que el Ministerio Público presentará los datos de prueba y se determinará su situación jurídica.
Caso reaviva debate sobre corrupción en instituciones públicas
La detención de José Antonio “R” reavivó el debate sobre la transparencia y rendición de cuentas en las universidades públicas, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización del uso de recursos destinados a la educación.
Hasta el momento, las autoridades han reiterado que el proceso se desarrollará conforme a derecho y bajo el principio de presunción de inocencia, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.