Las comunidades rurales y el campesino se encuentran, a causa de una “trampa legal” regulados como si fueran empresas, por lo que los modelos de créditos son engorrosos y altamente costosos para ellos.
Mérida, Yucatán.- El Sistema de Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos) es un modelo financiero que permite a los más pobres y al campesino competir con la adquisición de créditos sin la voraz carga de intereses en la que las sociedades como Sofomes o Sofipos les imponen al obligarlos a cumplir con requisitos como si fueran empresas financieras privadas.
Esta trampa legal, lejos de contribuir a la generación de riqueza ha mantenido a los pobres y al campo en miserables condiciones, llegando en muchos casos, en hacerlos víctimas de una “usura” disfrazada de procedimiento legal.
Por esta razón fue propuesta en el Senado la Ley de Sofincos, una ley que busca terminar con esta depredación financiera, y generar un circulo virtuoso el cual permita al pobre salir de esta condición con base a su esfuerzo, innovación y créditos justos, propuesta presentada por el Senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín.
“Con una ley exclusiva para las Sofincos, los más pobres podrán estar realmente incluidos en el sistema financiero. Y cuando la gente está incluida, dejará de ser pobre”, afirmó.
Durante la sesión del Senado, el Senador del Verde Ecologista subrayó que la legislación vigente contiene una “trampa regulatoria”: obliga a pequeñas entidades comunitarias a cumplir los mismos requisitos que empresas financieras privadas, haciendo casi imposible su operación. La prueba es contundente: en 16 años sólo se autorizó una Sofinco, y fue revocada en 2024 por la imposibilidad de cumplir requisitos diseñados para otro tipo de instituciones.
A esto se suma que más de siete expedientes de nuevas Sofincos llevan hasta una década detenidos, limitando el acceso a crédito para productores y frenando el desarrollo del campo.
Otro problema central es la ausencia de un fondo de protección al ahorro rural, lo que deja en total vulnerabilidad a miles de familias. Casos como el de CAME—el mayor desfalco reciente con más de 167 mil afectados— muestran la urgencia de establecer reglas que protejan el patrimonio de quienes menos tienen.
Ramírez Marín afirmó que esta nueva Ley permitirá ordenar, fortalecer y dar certeza al sistema comunitario de ahorro y crédito, al tiempo que impulsará la operación de más sucursales del Banco del Bienestar, generando un círculo virtuoso para las economías rurales.
“Hacer justicia significa dar a las comunidades las herramientas financieras que necesitan para prosperar. Eso es lo que buscamos con esta Ley”, concluyó.