Kanasín, Yucatán.- La manifestación pacífica organizada por un grupo de ciudadanos en Kanasín, que exigía justicia por el atropello intencional de una perrita el pasado domingo, se vio interrumpida por actos de agresión y violencia. Los manifestantes, que se reunieron para pedir que se aplique todo el peso de la ley contra Freddy Pérez Alvarado, el presunto responsable del atropello, denunciaron que el evento fue obstaculizado por un grupo de personas vinculadas al Ayuntamiento de Kanasín.
Los organizadores de la marcha, en su mayoría vecinos de la comunidad y activistas, habían planeado una manifestación pacífica hacia el Palacio Municipal. Sin embargo, durante el recorrido, los manifestantes fueron recibidos por individuos que, según varios testigos, fueron contratados por el Ayuntamiento de Kanasín para evitar que la marcha llegara a su destino. Este grupo, que algunos identificaron como colaboradores del alcalde Edwin Bojórquez, empleó tácticas intimidatorias, incluyendo agresiones físicas y verbales, así como empujones para dispersar a los participantes.
Varias mujeres que formaban parte de la manifestación denunciaron haber sido víctimas de tocamientos indebidos por parte de personas con camisetas que decían “staff”, y que aparentemente formaban parte del grupo que intentó reprimir la marcha. Testigos revelaron que estas personas habían sido contratadas para colaborar con el evento del carnaval, pero fueron redirigidas para frenar la marcha.
Las acusaciones apuntan a que la orden de reprimir la manifestación provino directamente del alcalde de Kanasín, quien, según algunos manifestantes, se mostró preocupado por que la marcha afectara la imagen del Carnaval local. En este contexto, se mencionó la presencia de un individuo conocido como “El Diablo”, vinculado a actividades ilícitas en la región, quien supuestamente habría sido contratado para supervisar el enfrentamiento y garantizar que la manifestación no llegara a buen término.
El incidente ha generado indignación entre los ciudadanos de Kanasín, que han expresado su rechazo a la violencia ejercida contra quienes ejercían su derecho a la libre manifestación. Activistas y defensores de los derechos de los animales han exigido una investigación profunda sobre los hechos y piden que se tomen acciones para garantizar que este tipo de actos no queden impunes.
A pesar de la violencia que opacó la marcha, los organizadores han reiterado su compromiso con la causa y exigen que se haga justicia por el atropello de la perrita, al mismo tiempo que piden una revisión de los procedimientos relacionados con el uso de la fuerza pública para reprimir manifestaciones pacíficas.
El caso sigue en desarrollo, y los ciudadanos de Kanasín continúan exigiendo respuestas y responsabilidades por parte de las autoridades locales.
