Por: Fernando Simones
El reciente proceso de evaluación para la designación de magistrados en Yucatán ha cruzado un umbral inaceptable de descaro y desvergüenza. Lo que debería ser un procedimiento transparente y apegado a los principios de imparcialidad y justicia se ha convertido en un espectáculo de corrupción e impunidad.
El hecho de que Carolina Muñoz Gasca, integrante del comité encargado de evaluar a los candidatos a magistrados, termine como candidata a la Décima Magistratura es una burla descarada para la ciudadanía. ¿Cómo es posible que una persona que debía garantizar un proceso justo y equitativo ahora se beneficie directamente de él? Esta situación no solo levanta sospechas de tráfico de influencias, sino que confirma lo que los yucatecos ya sospechaban: el comité de evaluación está plagado de corruptos.
El mensaje que se envía con esta designación es claro: en Yucatán, la justicia no es para quienes la merecen, sino para quienes tienen los contactos adecuados. Es una bofetada a los ciudadanos que esperan que las instituciones funcionen con ética y profesionalismo.
Los yucatecos no merecen este tipo de atropellos. La transparencia y la meritocracia no pueden seguir siendo pisoteadas por intereses políticos y redes de favores. Es urgente que la sociedad exija explicaciones y que este tipo de actos de corrupción sean denunciados y castigados. No podemos permitir que se normalice el abuso del poder y la manipulación de las instituciones.