En un acto que ha generado controversia y preocupación en diversos sectores de la sociedad, las diputadas Clara Paola Rosales y Neyda Pat, junto con la legisladora Larisa Acosta del Movimiento Ciudadano, han presentado iniciativas para derogar el tipo penal del aborto. Sin embargo, dichas propuestas han sido rechazadas por organizaciones de la sociedad civil al considerarlas una violación a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su sentencia A.R. 274/2024, que establece que las mujeres deben esperar hasta las 12 semanas de gestación para acceder a la interrupción legal del embarazo.
Las propuestas de las diputadas pretenden despenalizar el aborto hasta el noveno mes, lo que no solo contradice la sentencia emitida por la Primera Sala de la SCJN, sino que también pone en riesgo la seguridad jurídica y la salud de las mujeres. Las organizaciones de la sociedad civil denuncian que estas iniciativas exceden lo dispuesto por la Corte, creando un escenario legal de incertidumbre y desprotección para las mujeres que buscan ejercer sus derechos reproductivos.
En su sentencia A.R. 274/2024, la SCJN dejó claro que el aborto no puede ser penalizado hasta que la gestación supere las 12 semanas, reconociendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo dentro de este plazo. Sin embargo, las iniciativas presentadas por las diputadas contravienen esta resolución al buscar una despenalización sin considerar los plazos establecidos por la Corte.
“Estamos ante un claro incumplimiento de la sentencia, lo cual representa un retroceso en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres”, afirmaron representantes de diversas organizaciones feministas. “Estas iniciativas no solo desconocen los fallos judiciales, sino que también ignoran las voces de las mujeres y de las organizaciones que hemos estado luchando por la autonomía reproductiva y por un marco legal que respete nuestros derechos fundamentales”.
Las organizaciones instan a las diputadas responsables de las propuestas a reconsiderar sus iniciativas, señalando que la despenalización del aborto debe ser un proceso cuidadoso, respetuoso de los derechos establecidos por la SCJN, y sobre todo, un proceso que considere las necesidades y demandas de todas las mujeres en el país. Asimismo, cuestionan el motivo por el cual las legisladoras se niegan a escuchar las voces de las organizaciones sociales que advierten sobre los riesgos de sus propuestas.
“¿Por qué no hicieron lo correcto? ¿Por qué se niegan a escuchar todas las voces?”, es la pregunta que muchas organizaciones y activistas se están haciendo, mientras demandan que el Congreso de la Unión se comprometa a actuar conforme a la ley y a la protección de los derechos humanos de las mujeres.
