Mérida, Yucatán, octubre de 2025 — El clima de hostigamiento a la prensa en Campeche continúa agravándose. Tras las acciones legales emprendidas contra el periódico Tribuna de Campeche y su director, ahora el Gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Layda Sansores San Román, dirige sus presiones hacia otro medio local: Producciones Telemar, S.A. de C.V.
De acuerdo con el oficio 040/2025, emitido por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), la autoridad solicitó a Telemar información detallada sobre el personal responsable de la redacción de notas difundidas en sus plataformas digitales. El documento advierte que la falta de respuesta en un plazo de cinco días hábiles podría derivar en sanciones económicas y procedimientos legales por desobediencia a la autoridad, lo que ha sido interpretado como un intento de intimidar y censurar al medio.
Esta acción ocurre poco después del proceso judicial iniciado contra el periódico Tribuna de Campeche, también por instrucciones del gobierno estatal, lo que ha encendido las alertas entre organizaciones periodísticas y defensores de la libertad de expresión en la región.
Analistas advierten que la estrategia del gobierno campechano busca controlar la narrativa pública y disuadir la cobertura crítica, afectando directamente el ejercicio periodístico. Además, consideran que el uso de disposiciones legales para requerir información interna de medios constituye una forma de presión política y un exceso de autoridad, con implicaciones graves para la libertad de prensa.
El oficio cita artículos de la Constitución Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la FGECAM, que facultan al Ministerio Público para solicitar información en el marco de investigaciones. Sin embargo, periodistas y juristas señalan que estas herramientas no deben usarse para investigar o intimidar a quienes ejercen la labor informativa, pues vulnera el artículo 6 constitucional, que protege la libertad de expresión y el derecho a la información.
En Yucatán, el caso ha causado inquietud entre comunicadores, quienes expresan solidaridad con sus colegas campechanos y advierten que estas acciones podrían marcar un precedente peligroso en el sureste mexicano, donde la prensa local cumple un papel crucial en la vigilancia del poder público.
Diversas asociaciones de periodistas han exigido a las autoridades federales y estatales garantizar el libre ejercicio del periodismo sin presiones ni represalias, así como respetar el marco constitucional que ampara el trabajo de los medios en México.
