Ejecutivo estatal propone reforma constitucional para alinear a Yucatán con cambios federales y simplificar la administración pública

Mérida, Yucatán, mayo de 2025 — En respuesta a la reforma federal que extinguió siete organismos constitucionales autónomos a nivel nacional, el Gobierno del Estado de Yucatán presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado, como parte de una estrategia de simplificación administrativa y alineación normativa. La propuesta, entregada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal, constituye la primera fase de un paquete de tres partes con el que se busca adecuar el marco jurídico estatal a las disposiciones derivadas de la reforma constitucional federal publicada el 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Uno de los cambios centrales planteados es la extinción del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Sus funciones serían asumidas directamente por los sujetos obligados en cada dependencia, en cumplimiento con los lineamientos establecidos en los artículos transitorios de la reforma federal, que eliminó organismos como el INAI y transfirió sus funciones a instancias del Ejecutivo federal. También se contempla la desaparición del Centro de Innovación Tecnológica de Yucatán, un organismo que, según se argumenta, ha quedado en desuso tras la creación y fortalecimiento de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), la cual ya cuenta con facultades para ejercer las funciones originalmente asignadas al centro. Esta medida, según el Ejecutivo, responde al principio de austeridad republicana y a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución federal, que obliga a una gestión eficiente de los recursos públicos. La propuesta de reforma también prevé la transferencia de funciones, personal y recursos de los organismos extinguidos a dependencias como la SECIHTI y la Secretaría de la Contraloría General del Estado, evitando así duplicidades administrativas y optimizando el gasto público. De acuerdo con el Ejecutivo, en etapas posteriores se propondrá la creación de una nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que sustituiría a la actual Contraloría del Estado. La tercera y última fase del paquete incluirá ajustes reglamentarios que no requerirán aprobación legislativa. Con esta reforma, el Gobierno del Estado busca no solo estar en consonancia con el nuevo marco federal, sino también reestructurar el aparato estatal para hacerlo más eficiente, compacto y funcional, eliminando órganos que, señalan, ya no cumplen una función operativa o legal efectiva.