Agricultores de diversas regiones del país realizaron ayer miércoles una amplia manifestación en la Cámara de Diputados para exigir que la reforma a la Ley General de Aguas mantenga la vigencia y transmisibilidad de las concesiones actuales, esenciales —afirman— para garantizar la continuidad de la producción de alimentos.
Con más de 100 tractores estacionados en los accesos del recinto legislativo, los campesinos presionaron al Poder Legislativo para detener cualquier modificación que, desde su perspectiva, ponga en riesgo la operación de miles de unidades agrícolas en México. Su principal reclamo: que no se les retire el derecho al agua que, aseguran, es la base de su actividad productiva.
“Con este derecho al agua producimos alimento, ¡que no se nos retire!”, exigieron los manifestantes mientras bloqueaban los alrededores del Congreso. Señalaron que la falta de claridad sobre la permanencia de las concesiones de agua podría dejar a sus cultivos sin posibilidad de riego para el próximo ciclo agrícola.
Miguel Martínez, campesino de Atlixco, Puebla, explicó la preocupación central del sector:
“Si nos cambian las reglas actuales de la posesión del agua, nuestras tierras son las principales afectadas y con ellas las personas a las que alimentamos. Lo que nos preocupa es no saber si el próximo año tendremos permiso para sembrar o si tendremos que dejar la parcela vacía. No estamos aquí por gusto, estamos porque sin agua no hay cosecha, y sin cosecha no hay manera de seguir viviendo del campo, ni produciendo alimento”.
Otro productor advirtió que, aunque buscan evitar afectaciones mayores, la falta de respuestas del gobierno podría intensificar las protestas. “No queremos afectar a nadie, pero llegar a un bloqueo nacional es lo único que hace que el gobierno voltee a vernos”, afirmó.
Los manifestantes anunciaron que mantendrán presencia en la zona hasta obtener certeza sobre la redacción final de la Ley General de Aguas, pues consideran que cualquier modificación que debilite la seguridad jurídica de las concesiones representaría un golpe directo a la producción nacional de alimentos.