Una investigación del The New York Times, retomada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), reveló que municiones fabricadas originalmente para el Ejército de Estados Unidos han terminado en manos de organizaciones criminales en México, exhibiendo graves fallas en los controles de producción, comercialización y destino final del armamento militar.
El reportaje identifica como punto clave a la Planta de Municiones del Ejército de Lake City, ubicada en Missouri, una instalación estratégica para la fabricación de cartuchos de uso militar, en especial munición calibre .50, diseñada para perforar blindajes, destruir vehículos e incluso derribar aeronaves ligeras. Este tipo de armamento, lejos de permanecer exclusivamente en arsenales militares, ha sido documentado en decomisos realizados a cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.
Del ejército al mercado civil… y de ahí al crimen organizado
La investigación se basó en millones de documentos judiciales, reportes de incautaciones y registros gubernamentales, los cuales muestran que acuerdos entre el Ejército estadounidense y contratistas privados permitieron que municiones y componentes fabricados en Lake City ingresaran al mercado civil de Estados Unidos.
Una vez en ese circuito, el control sobre el destino final de las municiones se diluyó, facilitando su desvío hacia organizaciones criminales mexicanas, que históricamente han aprovechado la laxitud en la regulación y supervisión del comercio de armas en la Unión Americana.
Datos oficiales confirman el desvío
De acuerdo con cifras de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), aproximadamente un tercio de la munición calibre .50 decomisada en estados fronterizos tiene su origen en la planta de Lake City. Este dato refuerza las denuncias sobre el papel que juega la cadena legal de suministro estadounidense en el fortalecimiento del poder de fuego de los cárteles.
Este tipo de munición ha sido utilizada en ataques directos contra fuerzas de seguridad, emboscadas, bloqueos armados y en derribos de aeronaves, incrementando la letalidad de la violencia criminal en México.
Ventas en línea y controles insuficientes
El reportaje también documenta que al menos 16 minoristas en línea han comercializado municiones fabricadas en Lake City o elaboradas con componentes provenientes de esa instalación. La venta digital, con controles limitados y trazabilidad deficiente, ha sido un factor clave para la rápida dispersión de este armamento.
Aunque autoridades militares de Estados Unidos sostienen que los contratistas cumplen con las regulaciones federales, evitaron responder de manera puntual sobre cómo se garantiza que estas municiones no terminen en manos del crimen organizado, ni qué mecanismos existen para prevenir su tráfico transfronterizo.
Un problema binacional sin solución clara
La revelación vuelve a poner en evidencia una contradicción estructural: mientras Estados Unidos exige a México frenar la violencia del narcotráfico, su propia industria armamentista y sus vacíos regulatorios alimentan el poder de fuego de los cárteles.
Para especialistas, el caso de Lake City no es una excepción, sino un ejemplo documentado de un problema sistémico, donde armamento fabricado con estándares militares termina reforzando a organizaciones criminales, con consecuencias directas en la seguridad y estabilidad de México.
La investigación abre nuevas preguntas sobre la responsabilidad de los gobiernos, los contratistas privados y los vendedores minoristas, así como sobre la urgencia de establecer mecanismos binacionales de control y trazabilidad que impidan que armas diseñadas para ejércitos terminen sembrando violencia en manos del crimen organizado.