El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral confirmó la presentación de seis denuncias contra funcionarios, exfuncionarios y empresas por posibles delitos relacionados con contrataciones y manejo de recursos públicos.
Entre las personas que estarían involucradas figura la exconsejera presidenta, quien dejó el cargo en medio de los señalamientos.
El caso escaló este viernes luego de que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, notificara que ya fueron presentadas seis denuncias penales ante la FGR contra servidores públicos, exfuncionarios y empresas relacionadas con posibles irregularidades en el organismo electoral.
De acuerdo con información entre las personas que estarían involucradas en los expedientes figuran Guadalupe Taddei Zavala y el empresario Alfredo Hernández Casillas. Sin embargo, el OIC no publicó una lista nominal de los denunciados. 
Las denuncias contemplan posibles conductas delictivas como:
Uso ilícito de atribuciones y facultades.
Uso de documentos falsos.
Tráfico de influencias.
Ejercicio ilícito del servicio público.
Cohecho.
Además de las investigaciones penales, el OIC informó que emplazó a ocho servidores públicos y exservidores públicos, así como a una persona moral, para comparecer en procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas faltas graves.
Los expedientes podrían ser turnados posteriormente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para determinar las responsabilidades correspondientes.

Uno de los puntos centrales de las investigaciones son los contratos otorgados a empresas proveedoras de servicios y materiales electorales.
El titular del OIC había informado que cinco compañías presuntamente vinculadas entre sí obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, principalmente de organismos públicos locales electorales.
Las empresas tendrían vínculos con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes aparecen en las investigaciones sobre una posible red de proveedores que habría operado mediante procedimientos de contratación cuestionados. 
Por su parte, la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, había confirmado que las diez consejerías acordaron dar vista a la FGR para que se investiguen las irregularidades y se deslinden responsabilidades, sin limitar las indagatorias a una sola persona.
La decisión también contempla revisar las contrataciones y adquisiciones del instituto con apoyo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 
La crisis institucional derivó en la salida de Guadalupe Taddei, quien presentó su renuncia el 26 de octubre, después de que investigaciones periodísticas exhibieran presuntos vínculos con empresarios beneficiados con contratos relacionados con servicios electorales