La llamada austeridad republicana, uno de los pilares discursivos de la Cuarta Transformación, vuelve a quedar en entredicho. Esta vez, la protagonista es Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien fue captada viajando en clase Premier rumbo a Costa Rica, con todas las comodidades que ese tipo de servicio ofrece: asiento amplio, atención preferente, copa de bienvenida y un trato muy distante del que experimenta la mayoría de los mexicanos.
El episodio no es menor ni aislado. Se suma a una cadena de hechos que han evidenciado cómo, lejos de erradicar los privilegios del poder, la 4T parece haberlos redistribuido entre los suyos, particularmente en el máximo órgano judicial del país.
Antes del viaje en primera clase, estuvieron las camionetas blindadas con valor superior a los 4 millones de pesos, justificadas bajo argumentos de seguridad. Luego vino el escándalo del retrato de 40 mil pesos destinado a la ministra Lenia Batres, el cual fue cancelado solo después de que el gasto se hiciera público y generara una ola de críticas. Ahora, el vuelo de lujo vuelve a colocar a la Corte en el centro del debate.
La narrativa oficial prometía terminar con los excesos del pasado, eliminar lujos y privilegios, y gobernar bajo un principio de sobriedad y cercanía con el pueblo. Sin embargo, los hechos muestran una realidad distinta: el discurso se mantiene en las conferencias, pero el estilo de vida de élite persiste en la práctica.
Como ha ocurrido en otros casos, tras la exposición pública suelen llegar las explicaciones: “errores administrativos”, gastos “reembolsados”, decisiones “mal interpretadas” o cancelaciones de último momento. Aclaraciones que, lejos de disipar la molestia social, refuerzan la percepción de desconexión entre lo que se predica y cómo se gobierna.
Mientras millones de mexicanos viajan en condiciones precarias, cumplen estrictamente normas, pagan multas y enfrentan dificultades económicas, integrantes del llamado “gobierno del pueblo” vuelan en primera clase, se trasladan en vehículos blindados de lujo y autorizan gastos que contradicen el mensaje de austeridad.
Más que una incongruencia, críticos señalan que se trata de un descaro institucionalizado, una muestra de que la transformación prometida no eliminó los privilegios, sino que simplemente cambió a sus beneficiarios.