La denuncia por abandono, negligencia y presuntas irregularidades en el caso de la señora Teresa Canul Uitz comenzó a difundirse ampliamente a través de redes sociales, luego de que su familia decidiera hacer público el drama que enfrenta tras un accidente de tránsito que la dejó con lesiones de extrema gravedad y sin la atención médica especializada que requiere.
El accidente ocurrió la noche del viernes 16 de enero, alrededor de las 7:30 de la noche, cuando la mujer viajaba rumbo a Maxcanú en una unidad conducida por Freddy Sánchez. Desde ese momento, de acuerdo con su esposo José, inició un calvario de omisiones, presiones indebidas y trato inhumano, situación que hoy es exhibida públicamente con el objetivo de romper el silencio y evitar que el caso quede en la impunidad.
Presiones y silencio institucional
La familia denunció que, en lugar de recibir atención inmediata, diversas personas que se identificaron como “representantes” acudieron en repetidas ocasiones para exigir la firma del llamado “perdón”, documento que —afirman— busca deslindar responsabilidades legales y proteger a los involucrados en el accidente.
Al negarse a firmar, señalan que la atención médica fue prácticamente bloqueada: no se les proporcionó información clara, no existen diagnósticos formales, ni respuestas por parte de quienes tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud de la víctima, situación que ahora es expuesta y compartida masivamente en plataformas digitales.
Lesiones graves y atención insuficiente
Los familiares detallaron que Teresa Canul Uitz presenta fracturas severas en la pierna, desde la parte superior, además de lesiones faciales de consideración, como fractura de quijada, pómulos y tabique nasal, lo que mantiene su estado de salud en condición crítica.
Pese a la gravedad, fue trasladada al Hospital O’Horán, y no a una clínica privada en convenio con la aseguradora, lo que —aseguran— refuerza las sospechas de irregularidades, dilaciones intencionales y posible encubrimiento, razones por las cuales decidieron hacer pública la denuncia en redes sociales para presionar a las autoridades.
Acciones legales y presión pública
El esposo de la afectada manifestó estar profundamente indignado y desesperado, y advirtió que no aceptarán más pretextos ni simulaciones. Anunció que procederán legalmente contra el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) y contra cualquier autoridad, directivo o particular que esté permitiendo esta omisión.
La denuncia también alcanzó el ámbito político. La familia exigió al Gobierno del Estado que deje de solapar a directivos que califican como espurios dentro del transporte, y demandó elecciones libres, directas y secretas, conforme a la ley. Estas exigencias ya circulan ampliamente en publicaciones, mensajes y transmisiones compartidas por usuarios en redes sociales.
Llamado directo al gobernador
De forma pública, los familiares hicieron un llamado urgente al gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena, a quien señalaron como la última instancia para garantizar atención médica inmediata y justicia.
“Confiamos en usted para que este caso no quede en el abandono ni en la impunidad”, expresaron, al tiempo que subrayaron que la vida y la dignidad de una mujer no deben seguir siendo moneda de cambio.