Las políticas de salud pública enfocadas en la prevención del suicidio registraron un retroceso en Campeche durante 2025. De acuerdo con cifras oficiales, el número de casos aumentó 13 por ciento en comparación con el año anterior, lo que evidenció una tendencia al alza pese a los programas y estrategias anunciados por la administración estatal en materia de salud mental.
Registros de la Secretaría de Salud del Estado de Campeche y de la Fiscalía General del Estado indicaron que en 2025 se contabilizaron 93 suicidios, frente a los 80 casos registrados en 2024. Este incremento se dio en un contexto de cuestionamientos a la efectividad de las acciones preventivas y de atención psicológica implementadas por el gobierno estatal.
Las estadísticas mostraron que los hombres continuaron siendo el grupo con mayor incidencia. Durante 2025, el 76.3 por ciento de los suicidios correspondió a varones, con 71 casos, mientras que 22 fueron mujeres. En 2024, los hombres representaron el 80.5 por ciento de los casos, con 66 registros, y 14 mujeres. Aunque la proporción masculina disminuyó ligeramente, el número total de casos aumentó, reflejando un problema persistente y de alta complejidad social.
De manera paralela, la Auditoría Superior del Estado de Campeche realizó observaciones por más de 30 millones de pesos a la Secretaría de Salud estatal, correspondientes a las cuentas públicas de 2022. A ello se sumó que las cuentas del ejercicio 2023 permanecían pendientes de informar, lo que generó dudas sobre el manejo de recursos destinados, entre otros rubros, a programas de prevención y atención de la salud mental.
Este escenario financiero coincidió con el deterioro de los indicadores relacionados con la prevención del suicidio, lo que especialistas y organizaciones civiles han señalado como un reflejo de la falta de continuidad, seguimiento profesional y cobertura efectiva de los servicios de apoyo psicológico y psiquiátrico, particularmente en comunidades vulnerables.
Los datos oficiales subrayaron la necesidad urgente de reforzar las políticas públicas en materia de salud mental, con énfasis en la detección temprana, la atención oportuna y el acompañamiento profesional. La persistencia del problema y el incremento de casos durante 2025 evidenciaron que las estrategias aplicadas resultaron insuficientes para contener una problemática que requiere acciones integrales, sostenidas y con transparencia en el uso de los recursos públicos.