Por Mónica de Ávila Lozano
La responsabilidad de la “gobernadora” de Quintana Roo Maria Elena Hermelinda Lezama en materia de seguridad es obligatoria y no opcional.
La Constitución estatal, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Seguridad Ciudadana le atribuyen el deber de garantizar la seguridad y los derechos humanos de la población y de los turistas. Esa obligación incluye crear y dirigir las instituciones necesarias, coordinar secretarías y asegurar que las fuerzas de seguridad actúen con profesionalismo y respeto a los derechos.
La Constitución de Quintana Roo declara que el gobierno existe para el beneficio y la protección del pueblo y obliga a todas las autoridades a promover y garantizar los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la seguridad.
– La Ley Orgánica pone a la gobernadora como máxima autoridad del estado y le da la facultad de organizar las unidades administrativas necesarias para proteger a la población.
– La Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por la propia administración, fija metas concretas: garantizar paz, proteger la integridad y el patrimonio, y operar fuerzas civiles, disciplinadas y respetuosas de los derechos humanos.
El Plan Estatal de Desarrollo 2023–2027 y el “Nuevo Modelo de Seguridad Ciudadana” prometen seguridad centrada en la ciudadanía, policía de proximidad, profesionalización (incluso una universidad de seguridad), inteligencia e investigación y alineación con la estrategia nacional. Al convertir esas promesas en ley, la administración creó criterios legales objetivos para medir su propio desempeño.
Evidencia de fracaso: percepción y costos:
– Según la ENVIPE 2024, 79.9% de la población adulta en Quintana Roo percibe al estado como inseguro. Eso no es solo una opinión: es un termómetro social que muestra que la mayoría no se siente protegida.
– El costo económico de la inseguridad para los hogares en 2023 se estimó en 3.5 mil millones de pesos.
– El 70.7% de los adultos ha limitado la libertad de los menores (no los deja salir solos) por miedo al delito. Esto muestra un deterioro real en la calidad de vida y en las libertades cotidianas.
Fracaso en la protección de la vida y la economía:
– El asesinato del Secretario de Seguridad de Tulum (22 de marzo de 2025) es un ejemplo extremo del fallo del Estado para proteger incluso a sus propios altos funcionarios y muestra la gravedad del problema.
– Quintana Roo lideró las denuncias por robo a negocios en la primera mitad de 2025. Además, la extorsión generalizada obliga a comerciantes a pagar “derecho de piso”, lo que funciona como un gobierno paralelo que el Estado no ha podido desmantelar.
– La relación entre denuncias formales y casos reales es mínima: por cada 3 denuncias formales de extorsión, hay 97 casos que no se denuncian. Eso muestra la magnitud real del problema y la falta de confianza en las autoridades.
Colapso de la confianza: la “cifra negra”
– La “cifra negra” (delitos que no se denuncian) es del 93.5%. Esto indica que la mayoría de las víctimas no confía en el sistema de justicia ni en la capacidad del gobierno para resolver delitos.
– Las razones principales para no denunciar son: considerarlo una “pérdida de tiempo” (33.8%) y desconfianza en la autoridad (9.7%).
– Con más del 90% de los delitos fuera de los registros oficiales, las estadísticas oficiales (como la supuesta reducción de homicidios) son poco confiables. Miden solo lo denunciado y no la realidad completa.
Consecuencias sociales y políticas:
– La falta de seguridad ha provocado adaptación ciudadana: la gente modifica su vida diaria, paga por protección o sufre daños económicos, y mantiene silencio por miedo o desconfianza.
– Este ciclo —impunidad, falta de denuncias y estadísticas oficiales engañosas— permite que la delincuencia prospere y que el gobierno no atienda la verdadera dimensión del problema.
La gobernadora María Elena Hermelinda Lezama ha fallado en cumplir su obligación legal y constitucional de garantizar seguridad y derechos humanos.
A pesar de leyes, planes y promesas, los indicadores de percepción, costos económicos, niveles de extorsión, delitos contra negocios, el asesinato de un alto funcionario y una cifra negra extremadamente alta apuntan a un colapso de la confianza pública y a una incapacidad para proteger a residentes y turistas.
Ese resultado muestra una brecha clara entre las responsabilidades legales (de jure) y la situación real (de facto) en Quintana Roo.
Miles de personas han tenido que huir del estado para refugiarse en Yucatán, Campeche, Chiapas etcétera, para buscar una nueva vida donde pueda buscar el sustento básico para su familia.
Todos hemos visto las imágenes de un Tulum arruinado, Playa del Carmen y Cancún están a nada de esa situación.
¿Quien va a llamar a cuentas a Hermelinda Lezama por todo este fracaso y esa incompetencia?