Mérida, Yucatán.– En un esfuerzo conjunto por garantizar una atención más justa, especializada y con enfoque de derechos a niñas, niños y adolescentes, el Poder Judicial del Estado de Yucatán y el Ayuntamiento de Mérida llevaron a cabo una serie de mesas de trabajo enfocadas en la revisión y actualización del Protocolo Municipal de Actuación para los Casos de Infracciones o Delitos Cometidos por Menores de Edad.
Por acuerdo del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la magistrada Patricia Gamboa Wong, titular de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes, fue designada para brindar asesoría técnica al equipo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Mérida (Sipinna Mérida), órgano que se encargará de canalizar las observaciones para su análisis y posible aprobación por parte de las instancias municipales competentes.
La magistrada explicó que este trabajo busca fortalecer el marco normativo municipal para que esté alineado con los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de justicia penal para adolescentes, particularmente con lo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Durante las sesiones, se revisaron y armonizaron tres instrumentos clave:
El Protocolo Municipal de Actuación
El Reglamento de Policía y Buen Gobierno
Y el Reglamento de los Juzgados Cívicos, figura jurídica de reciente implementación.
“La actualización de estas normativas no solo busca sancionar conductas, sino también generar condiciones que permitan reencauzar de manera positiva el comportamiento de adolescentes involucrados en faltas administrativas o delitos, siempre desde una perspectiva socioeducativa y de respeto a sus derechos humanos”, señaló Gamboa Wong.
En las mesas participaron también los jueces especializados en justicia para adolescentes Luis Solís Montero y Manuela Chiu Dorantes, junto con personal de la Sala Unitaria y funcionarios municipales, en un ejercicio de coordinación interinstitucional que prioriza la prevención y la intervención temprana.
La magistrada también subrayó la importancia del papel de madres, padres o tutores, quienes deben involucrarse activamente en el proceso de atención y reintegración de los adolescentes, para evitar la reincidencia y promover un entorno más sano y seguro.
“Es indispensable que las familias y autoridades trabajen juntas para abordar estas situaciones con un enfoque formativo y humano, que vaya más allá de la sanción y busque realmente transformar vidas”, puntualizó.
