● Óscar Avitia y Francisco Sánchez, diputados estatales.
● Noel Pérez, comandante de la Unidad de Búsqueda y Rescate (UBR).
● Julio César Valdez Monclova, parte de la avanzada de la gobernadora.
● Luis Alonso Domínguez Ramos, director de Estadísticas de la Fiscalía General del Estado.
● Enrique Oceguera Islas, funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
● Alberto Rodríguez, docente del Conalep 1.
● Los jueces Pablo Carmona y Arnold Rubio
Sin embargo, el nombre más repetido en las pintas no fue el de un político ni el de un alto mando policiaco, sino el de un subadministrador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Chihuahua.
«Es un violador y un hijo DSPM»
Varias manifestantes, quienes prefirieron omitir sus nombres, señalaron directamente a este funcionario del SAT por violencia laboral, acoso y abuso de poder. Según sus declaraciones, el ambiente dentro de su oficina es de miedo constante, y quienes han intentado denunciarlo han sido despedidos de inmediato.
“Es un marrano, no nada más nos grita, nos humilla. Ya ni siquiera las mujeres, también los hombres le tienen miedo. El año pasado, varios compañeros renunciaron porque ya no soportaban la presión. Y no estamos hablando de cualquier trabajo, estamos hablando de perder una plaza federal por culpa de los malos tratos de este tipo», declaró una de las entrevistadas, visiblemente afectada.
Los testimonios coinciden: este funcionario insulta, humilla y descalifica a sus subordinados, llamándolos “pendejos”, “inútiles” y “buenos para nada” a plena voz, sin importar quién lo escuche.
“Nadie se atreve a denunciarlo. Un hombre lo intentó y lo corrieron en menos de 24 horas. Aquí, lo que él diga, se hace. No hay supervisión, no hay freno. Y la gente se calla porque nadie quiere perder su trabajo”, agregó otra mujer entrevistada.
La respuesta de la Fiscalía: sin denuncia, no hay investigación
El fiscal fue claro: sin denuncia formal, no pueden hacer nada.
Ante la gravedad de las acusaciones plasmadas en las paredes, este medio contactó al fiscal general del Estado, César Jáuregui, para conocer si habrá alguna investigación contra los funcionarios señalados.
“Desde el 2022, la gobernadora ordenó que recabáramos todos los nombres que aparecen en las pintas del 8M y los cruzáramos con denuncias en nuestro sistema. Muy pocos han sido denunciados formalmente, y en el caso de figuras públicas, prácticamente ninguno”, explicó Jáuregui Moreno.
A pesar de esto, el fiscal detalló que este año al menos 50 nombres de servidores públicos fueron plasmados en las manifestaciones, lo que podría ser un indicio del problema estructural de acoso y abuso de poder dentro de las instituciones.
Un problema que todos ven, pero nadie denuncia
Mientras las pintas ya han sido removidas de las vallas y edificios públicos, la realidad de las mujeres que las escribieron sigue intacta.
“No se trata solo de gritar en una marcha, se trata de que alguien nos escuche. Nos dicen que denunciemos, pero cuando alguien lo hace, pierde su trabajo, su tranquilidad y hasta su estabilidad emocional. Entonces, ¿cómo confías en las instituciones?», finalizó una de las manifestantes.
Las denuncias del 8M, escritas en las paredes, siguen siendo las voces que incomodan. La pregunta es si alguna vez dejarán de ser solo tinta sobre concreto y se convertirán en justicia real.
