La SCJN respalda a la Cofece en sanción contra Aeroméxico por colusión en precios de boletos

Ciudad de México.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la validez de las facultades investigadoras de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ratificando una multa de 88 millones de pesos impuesta a Aeroméxico por prácticas anticompetitivas. Esta decisión pone fin a más de cinco años de litigio iniciado por la aerolínea, que presentó múltiples recursos en contra de la sanción por haber manipulado los precios de boletos en diversas rutas, lo que afectó a más de tres millones de pasajeros. La sanción impuesta por la Cofece en 2019 fue sustentada en pruebas obtenidas mediante visitas de verificación sorpresivas, una de las herramientas clave de la comisión para la investigación de conductas monopólicas. Durante estas visitas, se encontraron correos electrónicos entre directivos de aerolíneas, quienes, a través de apodos y códigos, conspiraron para fijar los precios de los boletos, lo que violaba las leyes de competencia económica. Aeroméxico argumentó ante la SCJN que los correos electrónicos eran comunicaciones privadas y, por lo tanto, no podían ser usados como evidencia en su contra. Sin embargo, la Segunda Sala de la Corte desestimó este argumento y reafirmó que las comunicaciones entre empresas relacionadas con prácticas comerciales no están protegidas por la privacidad y pueden ser empleadas para investigar y sancionar acciones monopólicas que perjudican a los consumidores. Esta resolución subraya la importancia de contar con herramientas eficaces de investigación para combatir los acuerdos ilegales entre competidores. La Cofece, al poder realizar visitas y recolectar evidencia electrónica, tiene la capacidad de detectar y sancionar las conductas que atentan contra la competencia y, en última instancia, contra el bienestar de la población. La decisión de la SCJN también marca un precedente clave en la lucha contra las prácticas de colusión, reforzando la necesidad de una política de competencia robusta que asegure mercados más transparentes y justos para todos los consumidores.