Una asociación civil ha dirigido una denuncia al Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, en la que señala la supuesta existencia de acuerdos entre la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) y el empresario Pepe Cortázar, relacionados con el manejo de centros de tratamiento clandestinos para personas con adicciones en el estado.
Según la denuncia, los acuerdos implicarían que los presidentes municipales canalicen a personas con problemas de adicción a estos establecimientos, a cambio de una cuota de 6,000 pesos por “tratamiento”. La denuncia también afirma que estos centros, que operan fuera de la regulación oficial, presentan condiciones de hacinamiento y carecen de los recursos adecuados para ofrecer atención médica y psicológica adecuada, lo que ha generado preocupación sobre el bienestar de los internos.
La acusación destaca que, a pesar de recibir fondos de los municipios, los centros de tratamiento estarían solicitando además despensas y aportaciones a las familias de los pacientes. De acuerdo con la denuncia, la SSY, encargada de regular los servicios de salud mental en el estado, ha permitido la existencia de estos centros, lo que podría estar relacionado con la falta de infraestructura adecuada para enfrentar la creciente demanda de atención en salud mental y adicciones.
La denuncia plantea que, sin una regulación adecuada, estos centros clandestinos continúan operando con impunidad, lo que podría resultar en muertes, maltratos y violencia hacia los pacientes. Además, se cuestiona si la falta de acción por parte del gobierno estatal responde a un desinterés por solucionar la problemática o si persisten prácticas de gobiernos anteriores.
La asociación exige una respuesta inmediata del Gobernador Joaquín Díaz Mena, responsabilizando a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Seguridad Pública de las muertes que pudieran ocurrir en estos centros si no se toman acciones urgentes para regularlos y garantizar la seguridad de las personas en tratamiento.
La situación continúa siendo un tema de creciente preocupación en Yucatán, donde las autoridades están siendo presionadas a tomar medidas para resolver el problema de la atención de salud mental y adicciones en el estado.
