Oaxaca, México.- En un acto que ha generado indignación y rechazo entre la población, la presidenta del DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, mandó rellenar con concreto la alberca semiolímpica ubicada en las instalaciones de este organismo. Según denuncias de trabajadores y ciudadanos, esta medida fue tomada sin justificación y con el aparente fin de beneficiar a la empresa familiar Vida Acuática, propiedad de los Jara Bolaños, a la que ahora se canaliza a los usuarios que anteriormente recibían el servicio de manera gratuita.
La alberca, que había sido renovada durante la administración anterior para su uso en terapia de personas con discapacidad y como un espacio para el entrenamiento de atletas paralímpicos, fue clausurada bajo el argumento de una supuesta “austeridad republicana”. La decisión ha afectado directamente a más de 600 personas con discapacidad, 200 individuos de escasos recursos y 12 atletas paralímpicos, quienes ahora se ven privados de este importante recurso.
Los denunciantes aseguran que la reforma de la alberca, cuya inversión inicial fue de 12 millones de pesos, no representaba una carga significativa, ya que su mantenimiento mensual no superaba los 30 mil pesos. Sin embargo, con el cambio de administración, el costo de operación se disparó por encima de los 60 mil pesos, lo que, según ellos, habría sido utilizado como excusa para tomar la decisión de desmantelar el lugar.
El espacio que fue convertido en una plancha de concreto, costó más de 5 millones de pesos y carece de justificación, más allá de beneficiar a un negocio privado de la familia de la presidenta. Según los testimonios de los empleados del DIF, la decisión responde a un interés personal de los Jara Bolaños, quienes poseen la escuela de natación “Vida Acuática” en la colonia Satélite, y que ahora operan de manera privada lo que antes era un servicio público.
El hecho de que esta misma escuela haya firmado acuerdos con instituciones como el COBAO y el gobierno estatal para realizar competencias oficiales en sus instalaciones ha generado sospechas sobre tráfico de influencias y corrupción al interior del gobierno del estado.
Las denuncias también incluyen irregularidades graves dentro del DIF, como malos tratos a menores, trabajo forzado, acoso sexual infantil, malas condiciones de higiene y alimentos en mal estado, lo que pone en evidencia un entorno de descontrol y negligencia en la administración de la actual titular.
La decisión de destruir una alberca que era esencial para el bienestar de cientos de personas, y canalizar estos servicios a una empresa privada de la familia de la presidenta, se ha convertido en un símbolo de la falta de compromiso con la comunidad y de la corrupción que persiste en el gobierno estatal, según diversas denuncias de trabajadores y ciudadanos.
