Sin inclusión el presupuesto de egresos de Mérida 2022

——Sin cambios ni adiciones de propuestas de la oposición, panistas aprueban presupuesto de egresos para Mérida del próximo año.

El 2022 contará con un presupuesto de egresos para la capital yucateca sin una construcción considerando todas las voces, es decir, con una única visión panista y sin entrada a otras posturas ciudadanas; su voz simplemente no fue escuchada.

Esto quedó de manifiesto por los regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mediante comunicado que reproducimos de forma íntegra a continuación:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. POSICIONAMIENTO FRACCIÓN EDILICIA DEL PRI

Tras ponerse a votación en sesión extraordinaria del Cabildo del H. Ayuntamiento de Mérida, la propuesta del Presidente Municipal del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 del municipio de Mérida.
Nuevamente la mayoría de los regidores de Acción Nacional aprobó dicho presupuesto dándole la espalda a la solución de los grandes problemas de la gente que más necesita de las acciones gubernamentales municipales, al igual que aconteció el pasado 22 de noviembre, cuando también por mayoría del PAN, con el voto en contra de regidores de oposición, se aprobó el aumento en el Impuesto sobre adquisición de inmuebles y en los valores catastrales que son base del pago del impuestopredialy adicionalmentesecrearonnuevosderechos,enelpeormomento de crisis económica, inflación y de salud de la población.

Votamos en contra, pues a pesar de que con esos aumentos el presupuesto de ingresos es de $4 mil 297 millones 811,917 pesos que incluyen la captación de 1 mil 112 millones de pesos adicionales, el aprobado Presupuesto de Egresos redujo en un 60% lo destinado al Eje Prioritario “Mérida Próspera”, lo que significan 81 millones menos que deberían ser utilizados para la reactivación económica de la ciudadanía; y de quienes tienen un pequeño negocio como única posibilidad de obtener un ingreso para sí y sus familias; resulta paradójico querer captar más impuestos y no propiciar un desarrollo económico para las familias meridanas.

La representación del PRI en este H. Ayuntamiento también votó en contra, ya que, al Eje prioritario “Mérida Segura” se le reduce un 54 % lo que representa contar con 267 millones de pesos menos en detrimento de programas y proyectos de inversión que deben favorecer la seguridad ciudadana, la cohesión social, vialidades seguras, prevención del delito, el estado de derecho, la investigación efectiva a favor de la justicia y protección civil. En la peor crisis de percepción de inseguridad en el centro histórico de Mérida y la falta de capacitación y herramientas para que los elementos policíacos realicen su labor apegados a derecho.

También votamos en contra de que 415 millones de pesos adicionales de la captación y dinero del ciudadano se canalicen al eje “Mérida Participativa e Innovadora”, donde se concentra el mayor número de programas y proyectos establecidos en el programa operativo anual (283 de 693, el 41%).

Y corresponden a gastos administrativos transversales en todas las direcciones del municipio, es decir el aumento se concentra presupuestalmente en mantener un aparato directivo burocrático y en adquirir más premios que divulguen las buenas “prácticas” del ayuntamiento, mientras las calles siguen en mal estado y no hay visos de intervención integral, sin iluminación adecuada, la mayoría de los espacios públicos carecen de mantenimiento, la basura se acumula en las calles y las poblaciones rurales de Mérida carecen de servicios públicos vitales para la vida, como es el suministro de agua potable y eso que Mérida no tiene que orientar gasto de agua potable en la parte urbana, ni en el transporte público, ni a la seguridad pública en el 95% de la ciudad pues estos rubos corren a cuenta del gobierno estatal.

Ante tal circunstancia, es evidente en donde se encuentran las prioridades de la Presidencia municipal y de quienes se ostentan como mayoría en este gobierno; y como oposición exigimos la redistribución del gasto público hacia la población más necesitada, su transparencia y la adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía meridana.

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