Congreso investigará a Tekax por casos de tortura


Por: Diego Cervantes

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial que dará seguimiento exhaustivo a las investigaciones que las autoridades competentes realicen a fin de conocer y analizar los posibles casos de tortura en el municipio de Tekax, Yucatán.

En el marco de la última sesión ordinaria del Congreso, el diputado del PRD, David Barrera, tomó la palabra para condenar la situación que está sucediendo en Tekax, llamado el “Juan Vargaz de Sur” a Josué Tzec actual alcalde este municipio y también para presentar un punto de acuerdo, pidiendo la creación de una comisión especial que esté pendiente del transcurso de los hechos en dicha localidad.

Por su parte el diputado Marco Vela Reyes del PRI, expresó su rechazó a los actos de tortura y mencionó que desde el inicio de su trayectoria como diputado siempre ha dicho que “la ley está para que se respete, y nosotros los que tenemos algún cargo público somos los llamados a tratar que la ley se cumpla y se respete. Ojalá quién resulte responsable sea castigado con todo el peso de la ley”.

Como se recordará hace poco días, salió a la luz un video donde se mostraba a seis policías interrogando a un presunto sospechoso para que confesara sobre el robo de ganado en la región; lo impactante del video eran los métodos de tortura utilizados por los uniformados para obtener esta confesión.

Otro que tomó la palabra fue Daniel Granja Peniche, también diputado del PRI, quien aseguró que el revolucionario institucional se suma “a la condena de este tipo de hechos y que sería lamentable martirizar este suceso para sacar provecho político”, pero también dijo que este caso debe ser tomado como una llamada de atención.

Por último y para no quedarse atrás, Rafael Montalvo Mata del Partido Acción Nacional, dedicó unas palabras al conflicto suscitado en Tekax, haciendo mención que éste solo es un caso más de los ya documentados en nuestro estado, y señaló que los protagonistas de este hecho delictuosos pueden llegar a ser sancionados con una pena máxima de hasta 12 años de prisión.

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